Los programas de ciudadanía por inversión (Citizenship by Investment, CBI) permiten a personas con alto patrimonio adquirir una nueva nacionalidad, a menudo con requisitos mínimos de residencia o idioma. Dicho de otro modo: estos «segundos pasaportes» los conceden Estados más pequeños a cambio de capital o inversiones.
Este acceso rápido al pasaporte puede fortalecer la economía de un país, pero también atrae a delincuentes y actores corruptos. Los organismos internacionales de supervisión han advertido repetidamente que los programas CBI, a menudo denominados también «Golden Passport», se utilizan indebidamente para blanquear dinero u ocultar identidades. Un informe reciente de la FATF/OCDE concluye que la venta de ciudadanías puede impulsar el crecimiento económico, pero al mismo tiempo constituye una puerta de entrada de miles de millones para el blanqueo de capitales, la evasión de sanciones y la ocultación de activos ilícitos.
Los pasaportes CBI se consideran un factor de alto riesgo para bancos y supervisores. A menudo proceden de países con normativas contra el blanqueo más débiles o con presión política para aceptar a los inversores de la forma más sencilla posible. Así, el gobierno británico ha declarado públicamente que los programas CBI de Dominica y Vanuatu fueron «claramente abusados» y que se concedieron ciudadanías a personas que representan un riesgo para el Reino Unido.
En la práctica, esto significa: si alguien aparece en un banco con un segundo pasaporte de San Cristóbal o Malta, los departamentos de cumplimiento prestan especial atención. A estos clientes se los suele clasificar como de riesgo, se exigen numerosas pruebas y se realiza una revisión reforzada.
Cómo funcionan los programas CBI y qué países están afectados
En el marco de un programa CBI, una persona invierte en la economía de un país, por ejemplo mediante una donación estatal, la compra de inmuebles, bonos u otras formas de inversión autorizadas, y a cambio obtiene la ciudadanía.
Los siguientes países están actualmente bajo mayor vigilancia en relación con las segundas ciudadanías:
Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Vanuatu y Turquía.
Varios Estados ya han suspendido sus programas, entre ellos Malta, Chipre, Bulgaria y Montenegro.
Al mismo tiempo, algunos países han introducido nuevos programas o los están planificando: Argentina (a partir de 2026, aprox. 500.000 USD por un pasaporte con acceso a Schengen), Botsuana (a inicios de 2026, una donación de unos 75.000 USD), El Salvador (desde 2023, 1 millón de USD en criptomonedas para acceder a más de 130 países sin visado), así como Santo Tomé y Príncipe (desde agosto de 2025, aprox. 90.000 USD de donación).
Estos países se encuentran en gran medida fuera de la influencia directa de la UE, pero también podrían quedar cada vez más bajo supervisión regulatoria.
Blanqueo de capitales, due diligence y riesgo país
Los segundos pasaportes de Estados con CBI se consideran una señal de alerta en la prevención del blanqueo de capitales. El blanqueo de capitales significa, de forma simplificada, que fondos obtenidos ilegalmente se desplazan mediante transacciones complejas para que parezcan legales.
Para contrarrestarlo, los bancos realizan controles de Know Your Customer (KYC) y Enhanced Due Diligence (EDD). Cuando un cliente presenta un pasaporte CBI, suelen plantearse preguntas adicionales:
- Varios documentos de identidad: Se revisan todos los pasaportes, documentos de identidad y permisos de residencia. Las incoherencias, por ejemplo un pasaporte caribeño con residencia fiscal simultánea en Europa, generan preguntas.
- Origen del patrimonio: El cliente debe explicar de forma verificable cómo se ha construido el patrimonio. Los bancos exigen una exposición clara de la fuente del patrimonio.
- Origen de los fondos: Para ingresos importantes se requieren extractos bancarios o comprobantes de transacciones que acrediten la procedencia del dinero.
- Controles de sanciones y medios: Cotejo con listas de sanciones, listas de PEP (personas políticamente expuestas) y bases de datos internacionales de medios.
- Coherencia fiscal: Los datos fiscales deben coincidir con la nacionalidad y el lugar de residencia. Quien sea oficialmente ciudadano de un país, pero en realidad viva en otro y pague impuestos allí, debe poder explicarlo.
Incluso después de abrir la cuenta, se mantiene una supervisión continua. Transacciones inusuales o nueva información negativa conllevan una revisión adicional.
El mensaje central es claro: con un segundo pasaporte, la atención del banco aumenta, y el cliente soporta la carga de demostrar que el patrimonio y los antecedentes son impecables.
Conclusión
Los segundos pasaportes a través de programas de inversión ofrecen movilidad y flexibilidad, pero también conllevan riesgos legales y financieros. Los bancos y los supervisores vigilan a los titulares de estos pasaportes con especial atención respecto al blanqueo de capitales o la ocultación de identidad.
En palabras sencillas: quien posea un «Golden Passport» debe contar con que los bancos pregunten cómo se adquirió la ciudadanía y de dónde procede el patrimonio. Sin una documentación limpia, esto puede volverse problemático rápidamente.
Desde 2026 se observa un endurecimiento notable de la regulación. Las prohibiciones de la UE, nuevos mecanismos de control y la cooperación internacional buscan evitar el abuso. Por ello, la transparencia es decisiva. La documentación completa y datos coherentes son imprescindibles, ya que los pasaportes CBI siguen asociados a una mayor atención regulatoria.
Antes de solicitar una segunda ciudadanía, reserve una consulta gratuita para entender qué impacto puede tener esto en sus relaciones bancarias y en su posición global de cumplimiento normativo.
